TeleSUR
El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia reconoció este martes que existe «complicidad de algunas de la personas de las policías judiciales», operadores de telefonía móvil y del mismo organismo estatal que están detrás de las denominadas chuzadas, la intercepción de llamadas telefónicas a políticos opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La denuncia surgió este martes en una reunión de la Comisión Segunda de la Cámara del Congreso sobre las intercepciones ilegales, donde el funcionario del DAS advirtió que puede también existir «complicidad» de varios sectores.
El director del departamento de seguridad, Felipe Muñoz, manifestó que las operadoras de telefonía móviles tienen cierta responsabilidad en las chuzadas. Asimismo, acotó que los narcotraficantes tienen salas de intercepción al igual que ciertos grupos de detectives graban a los ciudadanos en Bogotá (capital, centro), Cali (sur) y Medellín (noroeste), para luego venderlas.
Muñoz afirmó que existen empresas privadas que pinchan las llamadas por 10 millones de pesos mensuales (poco más de 5 mil 300 dólares).
El director del organismo negó que desde la Presidencia de la República se esté dando un «direccionamiento estratégico» para adelantar las ‘chuzadas’, pese a que este organismo depende directamente de este despacho.
Detalló que las chuzadas se realizan «incluso para temas de espionaje industrial».
Insistió que la situación «puede tener la complicidad de algunas personas de las policías judiciales, y en eso incluyo al DAS, con toda claridad, o también los operadores móviles telefónicos».
El tema de las intercepciones telefónicas lleva tiempo sobre la mesa, el mes pasado, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, urgió al gobierno de Colombia aclarar el tema de las chuzadas a algunos funcionarios de la organización por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Pillay pidió al mandatario colombiano, Álvaro Uribe, que aclare si en 2005 se realizó seguimientos del DAS al relator de la ONU para los pueblos indígenas que visitó Colombia para esa fecha.
El representante en Colombia de la alta comisionada, Cristian Salazar, dijo que existía preocupación sobre el escándalo que envuelve al DAS y la información en torno a seguimientos ilegales (chuzadas) a personal del organismo multilateral.
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